La inteligencia artificial gana espacio en el sistema de justicia, pero su incorporación requiere criterios éticos, supervisión y protección de los derechos de las personas. Bajo esta premisa, la Procuraduría General de la República (PGR), con el respaldo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), desarrolló una capacitación dirigida a integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial.
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