La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana aprobó ayer iniciar un proceso para determinar la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la “ruptura del hilo constitucional” en el país y acordó citarlo a comparecer en la Cámara el próximo 1 de noviembre.
El acuerdo fue aprobado en una sesión especial con el voto favorable de la mayoría opositora y con la posición en contra de los diputados chavistas.
Según el jefe de la bancada opositora en la AN, Julio Borges, la citación al mandatario venezolano es para que “responda todas las argumentaciones y acusaciones” presentadas en su contra y para que “con el respaldo del pueblo venezolano, demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento”.
Debido a que la Constitución del país caribeño no contempla un juicio político, en el hemiciclo se acordó investigar lo relativo al supuesto abandono del cargo en el que, desde la bancada opositora, se alega que ha incurrido el presidente venezolano.
La comisión de alto nivel creada el domingo para “desarrollar y definir” lo expresado en los acuerdos del Parlamento será la encargada de analizar la responsabilidad política de Maduro.
El presidente de la AN, el opositor Henry Ramos Allup, explicó que el Parlamento tiene potestad para determinar responsabilidades políticas tras previa evaluación, pero no de desarrollar un juicio que conlleve a la destitución del jefe de Estado lo que, afirmó, es competencia del Poder Judicial de haber responsabilidades penales.
La próxima sesión de la Asamblea Nacional fue convocada para este jueves.
El chavismo ha desestimado las decisiones que ha tomado el Poder Legislativo, alegando que la Asamblea Nacional es “inoficiosa” porque su actuación no genera consecuencias, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo venezolano.
El Parlamento, dominado por la oposición, decidió iniciar el proceso contra Maduro un día después del anuncio de un diálogo para el próximo 30 de octubre entre el Gobierno de Maduro y la oposición, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano.
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